
Crea un proyecto especial de ejecución directa denominado Tukuy Pacha vocablo quechua que significa lugar de todos, tierra de todos o tiempo de todos. Fue concebido como una estrategia nacional de articulación de esfuerzos tanto de instituciones públicas, privadas, mixtas así como de organizaciones relacionadas a la temática discapacidad, capaz de incidir estructuralmente la construcción, aplicación y evaluación de políticas públicas en esta temática con el fin de mejorar, las condiciones de vida de las personas con discapacidad, hecho que lo consiguió desde el año 2006.
En su primer año se suscribieron acuerdos clave con la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad (COBOPDI), el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) y la Federación Boliviana de Sordos (FEBOS). El convenio tripartito entre la COBOPDI, CONALPEDIS y el Tukuy Pacha generó una gran repercusión y favoreció al posicionamiento de estas instituciones proyectándolos en los escenarios políticos y de toma de decisiones con mucha fuerza.
Con la FEBOS se inició un proceso cuyo primer paso fue la elaboración del anteproyecto de ley de reconocimiento de la Lengua de Señas Boliviana –LSB- y en el 2007 se realizó el evento más importante que la historia del Sordo haya registrado este fue el Encuentro Nacional por el reconocimiento de la LSB en la Constitución Política del Estado. Reconocimiento que se obtuvo en la Nueva Constitución Política del Estado NCPE (Artículo 70) y en la promulgación del Decreto Supremo No. 0328 (14 de octubre de 2009) gracias a este proceso previo.
Siguiendo la lógica de intervención, desplegando estrategias para la incidencia en políticas públicas, se firmó una carta de intenciones con el Vice-Ministerio de Igualdad de Oportunidades para un trabajo conjunto con la Dirección General de Personas con Discapacidad, logrando realizar, entre otras actividades, un evento internacional con participación de países que tienen amplia experiencia de la implementación de la estrategia RBC, contando con el apoyo denodado de la OPS y la participación activa de los otros sectores del Estado Plurinacional.
Entre el 2008 y el 2010 se generó un espacio de diálogo democrático y estratégico denominado Encuentro Intersectorialidad, desarrollo y discapacidad. Este espacio se instaló favorablemente en la lectura de las dinámicas que presenta la coyuntura. Respaldamos estas acciones a través de la firma de convenio con la FAM Bolivia. Como ejemplo citamos al I Encuentro, espacio creado por la necesidad imperiosa de fijar de forma participativa entre la estructura estatal y la estructura societal una agenda nacional de discapacidad. A pesar del resultado exitoso del evento, la agenda no pudo ser concretada debido a los conflictos sociales emergentes ante la demanda de un bono para las personas con discapacidad, obligando a las instancias de responsabilidad del Estado a priorizar este tema y darle una solución que satisfaga a las mayorías. Sin embargo, posteriormente, los acuerdos de la agenda fueron tomados en cuenta por las instancias del Estado como base informativa para propuestas de acciones en cada sector.
De esa forma se fue avanzando en varios sentidos lógicos y estratégicos como es el caso del proceso de municipalización de las actuaciones del Tukuy Pacha, en la incidencia de generar propuestas para la implementación de políticas públicas para la atención de la temática. El resultado sobresaliente es que la discapacidad es tema de agenda pública para el Estado Plurinacional.
Finalmente cabe destacar que la historia del Tukuy Pacha se divide en 2 momentos claramente definidos, el primero de ellos comprendido entre el período 2006 – 2010, momento fundacional del proyecto convertido en poco tiempo en programa nacional, mismo que cosecharía logros altamente significativos en materia de discapacidad y el segundo momento que se inicia en el 2011 con la constitución de la Asociación Tukuy Pacha, organización independiente, sin fines de lucro y que cuenta con Personería Jurídica. Este hecho trascendental del Tukuy Pacha lo proyecta ampliamente sobre los escenarios de una gestión técnica y financiera propias, capaces de profundizar los procesos establecidos e incursionar en otros que alimenten la línea de operatividad de las políticas públicas para grupos vulnerables entre los que se cuenta a las personas con discapacidad.